Por una banca pública.

Aurora Martínez, de attac Madrid, en la Junta de Accionistas de Bankia.

Valencia, 24 de marzo 2017

La Actividad bancaria, un servicio público

 

La actividad bancaria es necesaria y esencial para asegurar  el ahorro, gestionar los pagos y cobros, facilitar el consumo de las personas y de las familias, ayudar, por ejemplo, a la inversión de las PYMES y familias o financiar la vivienda social en alquiler. El Estado debe garantizar esos derechos económicos a través de la Banca Pública y evitar la exclusión financiera.

 

Así cómo defendemos la Sanidad y la Educación Públicas, la atención a la Dependencia, los Servicios Sociales, el Transporte Público, las Pensiones y todos  los derechos ciudadanos conquistados que obligan a las instituciones, exigimos  la creación de una Banca Pública. Lo público es de todos, es lo que tiene garantizado el ciudadano de a pie desde que nace.

 

Los bancos públicos deben tener orientación social, y lo hacen con mayores garantías. Por el contrario, los bancos privados tienen la finalidad de repartir las mayores ganancias en el menor tiempo posible a los accionistas.

En el negocio bancario la confianza es fundamental. Los ciudadanos confían en disponer del dinero depositado en sus cuentas aun cuando saben que el banco lo presta. La banca al conceder crédito crea dinero bancario y facilita nuevos medios de pago. Antes de la crisis, la banca privada, impulsada por el afán de máximo beneficio, prestó muy por encima de los depósitos, especialmente en el negocio inmobiliario y con arriesgadas operaciones en el mercado de capitales.

Las Cajas de Ahorro se vieron arrastradas en esa ambición desmedida, entrando en la rueda de la competencia y el crecimiento incontrolado. Sufrió así todo el sistema bancario una reducción de su solvencia llevándonos a la crisis cuyas consecuencias aún se están pagando.

 

Las Cajas “bancarizadas” no eran la banca pública que proponemos.

 

Durante más de un siglo las Cajas prestaron servicios a hogares y empresas en todos los rincones del Estado y tenían sus Obras Sociales, que reforzaron nuestras prestaciones sociales. A diferencia de muchos bancos no habían tenido crisis importantes. Las llevaron a “bancarizarse” y con graves problemas de gestión desprofesionalizada.

 

La práctica totalidad de las Cajas de Ahorro se liquidaron y entregaron prácticamente gratis a los bancos privados que, además de sus propias ayudas, han resultado receptores finales de los saneamientos de las Cajas. En total 60.718 millones de euros en capital que suben hasta 122.122 millones en avales y otros compromisos del Estado.

 

Bankia y BMN no deben venderse.  La banca pública es posible, en España y en Europa.

 

Porque el Estado ha puesto para salvar sólo en Bankia y el BMN   24.000 millones  de euros y 7.000 millones respectivamente y están ya nacionalizadas. Porque necesitamos, cuanto menos, un polo de banca pública que marque pautas de sensatez y gestión al servicio de la sociedad. Porque tras el regalo de las Cajas saneadas a los bancos privados, sólo nos queda Bankia y el BMN.

 

Los bancos privados quieren un negocio seguro, que les garanticemos que nunca pierden. No queremos volver a entregar dinero para alimentar nuevas crisis y que los accionistas se lo repartan por anticipado, dejándonos a los demás sus deudas.

 

Sería incongruente que Europa no permitiera la existencia de la banca pública en España cuando son muchos los ejemplos de bancos públicos en Europa. A finales de 2011, 32 países de Europa disponían de 221 bancos con participación pública y 81 agencias financieras públicas.

 

Antes existían en España, además de grandes empresas públicas (como Iberia, SEAT, Telefónica, Endesa, Repsol), seis bancos públicos: El Hipotecario, el de Crédito Local, la Caja Postal, el de Crédito Agrícola, el de Crédito industrial y el Banco Exterior, que cumplían una labor encomiable facilitando el crédito a aquellos sectores de la economía en la que estaban especializados.

 

Un nuevo modelo de banca pública.

 

En las empresas públicas se puede ejercer la participación de los ciudadanos (“Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos”, art 23.1 C Española). Si no ha sido así, podemos exigir que lo sea.  Proponemos una Banca pública:

 

–       Con gestión profesionalizada pero sin las impúdicas retribuciones de la alta dirección. Con auténtico control de las instancias públicas, incluido el Congreso de los Diputados. Transparencia, publicidad y participación social.

–       Para prestar los servicios del Estado con menos costes que los pagados actualmente a la banca privada (incluida la intermediación con el ICO);

–       Qué asegure  que los ahorros de los usuarios no vayan a los paraísos fiscales, para  especular en los mercados financieros, o en a proyectos no sostenibles.

–       Qué apoye la inversión con créditos a más largo plazo a la pequeña y mediana empresa y autónomos.

–       Qué ponga al servicio de  una política social la enorme cantidad de viviendas que tienen acumuladas, paralizando desahucios, favoreciendo el alquiler social y su venta a particulares y a empresas municipales de vivienda social, y no a fondos buitre a precios de saldo.

–       Una banca de proximidad, con un servicio de depósito para la ciudadanía eficaz, barato, universal y cercano por llegar a los rincones de nuestra geografía. Sin cláusulas suelo en los préstamos  y sin preferentes.

 

En definitiva, orientar sus actividades, con criterios éticos, sostenibles, democráticos y de control social.

 

Este gobierno, sin debate alguno y con la excusa de recuperar una pequeña parte de lo entregado a la banca, amenaza con una pronta privatización de algo que es de todos. Si da un beneficio, ¡pues que nos beneficie!.

 

Las organizaciones firmantes exigimos que se acabe con el expolio de lo público.

 

Paralicemos ya la venta de Bankia y BMN.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *